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Acuerdo entre el Estado de España y la santa Sede sobre Temas Jurídicos


Tras rememorar el Pacto firmado el veintiocho de julio de mil novecientos setenta y seis, en el Artículo I se «reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica» y se «garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y especialmente las de culto, jurisdicción y magisterio». También se reconoce la «personalidad civil» de las «Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales», de la «Conferencia Episcopal Española», «de las Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas, y de las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que disfruten de ella». Y ahora se garantiza la «inviolabilidad» de los «lugares de culto» —que «no van a poder ser destruidos sin ser anteriormente privados de su carácter sagrado» y «en caso de su expropiación forzosa va a ser ya antes oída la Autoridad Eclesiástica competente»— y de «los ficheros, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal De España, a las Curias Episcopales, a las Curias de 1os Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas».


En el artículo III, se establece el reconocimiento por el Estado «como días festivos todos y cada uno de los domingos» y que «de común pacto se determinará qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos», y en el Artículo IV «el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, centros de salud, sanatorios, orfanatos y centros afines, tanto privados como públicos».


En el artículo VI se establece el reconocimiento por el Estado de los «efectos civiles al matrimonio festejado conforme las reglas del Derecho Canónico» desde el instante de su celebración. De esta manera para la inscripción «en el Registro Civil», va a bastar «con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio». Ahora se reconoce la valía civil de las declaraciones de nulidad del matrimonio efectuadas por los Tribunales Eclesiásticos, «a petición de cualquiera de las Partes» y «si se declaran ceñidas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente». Se agrega ahora que «la santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes festejen matrimonio preceptivo la obligación grave que aceptan de adherirse a las reglas preceptivas que lo regulan y, de manera especial, a respetar sus propiedades esenciales». En el Protocolo final se especifica:


Acuerdo entre el Estado de España y la santa Sede sobre Enseñanza y Temas Culturales


En preámbulo del Pacto, tras hacer referencia a la «importancia fundamental» que las 2 partes conceden a «los temas relacionados con la enseñanza», se asevera que «el Estado reconoce el derecho esencial a la educación religiosa» al tiempo que «la Iglesia debe regular su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las familias y de todos y cada uno de los pupilos y maestros, eludiendo cualquier discriminación o bien situación privilegiada», compromiso que se extiende a los «llamados medios social» sometidos a «los mismos principios de libertad religiosa y también igualdad sin privilegios, que Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza». Finalmente se hace referencia en el preámbulo al «patrimonio histórico, artístico y reportaje de la Iglesia prosigue siendo parte muy importante del acervo cultural de la Nación; con lo que la puesta de semejante Patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la cooperación de Iglesia y Estado».


En el artículo I se establece lo siguiente:


En los Artículos II y III se regula la materia de religión en los niveles educativos no universitarios, en el VI a quién corresponde determinar sus contenidos y en el VII el régimen económico del profesorado de la materia que no sea funcionario docente:


En cuanto a los centros enseñantes de nivel no universitario de la Iglesia se establece que «se acomodarán a la legislación que se promulgue con carácter general, en lo que se refiere al modo de ejercer sus actividades» (artículos IX), como «las Universidades, Institutos Universitarios, Escuelas Universitarias y otros Centros Universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica» (artículo X). «Los pupilos de estas Universidades disfrutarán de exactamente los mismos beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de protección al estudiante, que se establezcan para los pupilos de las universidades del Estado» (artículo X.3.).


Respecto de los medios social, el artículo XIV establece:


Y en lo que se refiere al patrimonio histórico, artístico y reportaje, el artículo XV establece:


Acuerdo entre el Estado de España y la santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos


En el artículo I se establece que «la asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se proseguirá ejercitando por medio del Vicaría Castrense», al frente del que va a estar un «arzobispo, Vicario General, con su Curia» (artículo II), y cuyo nombramiento se efectuará conforme lo establecido por el Pacto entre la santa Sede y el Estado de España de veintiocho de julio de mil novecientos setenta y seis (artículo III).


En el artículo V se regula el servicio militar de clérigos y religiosos. A los presbíteros «se les van a poder encomendar funciones concretas de su ministerio, para lo que recibirálas facultades pertinentes del Vicario General Castrense» y «a los diáconos y religiosos profesos no sacerdotes, se les asignarán misiones que no sean incompatibles con su estado, conforme a el Derecho Canónico».Se considerará «prestación social sustitutoria» «la de quienes a lo largo de un periodo de 3 años bajo la dependencia de la Jerarquía Eclesiástica se consagren al apostolado, como Presbíteros, Diáconos o bien Religiosos profesos, en territorios de misión o bien como Capellanes de emigrantes». Quedan exentos del servicio militar «los Obispos y asimilados en derecho» (artículo VI).


El Pacto incluye 2 anejos referidos a los capellanes castrenses, que «ejercen su ministerio bajo la jurisdicción del Vicario General Castrense», que se extiende no solo «a todos y cada uno de los militares de Tierra, Mar y Aire» y «a los pupilos de las Academias y de las Escuelas Militares», sino más bien asimismo «a sus esposas, hijos y familiares que viven en su compañía, y a todos y cada uno de los fieles de los dos sexos, ya seglares, ya religiosos, que presten servicios establemente bajo cualquier término o bien radiquen frecuentemente en los cuarteles o bien lugares dependientes de la Jurisdicción Militar» como «a los huérfanos menores o bien pensionistas y a las viudas de militares mientras que preserven este estado». Su integración «tendrá sitio conforme las reglas aprobadas por la santa Sede, conforme con el Gobierno», y su «nombramiento eclesiástico» corresponde al Vicario General Castrense. En el artículo III del Anejo II se dice:


Acuerdo entre el Estado de España y la santa Sede sobre Temas Económicos


En este pacto se comienza diciendo que «la revisión del sistema de aportación económica del Estado de España a la Iglesia católica resulta de singular relevancia al intentar reemplazar por nuevos Pactos el Concordato de mil novecientos cincuenta y tres.» Para esto en el artículo II se dispone lo siguiente:


Los artículos III y IV establecen las exenciones fiscales a las que va a tener derecho «la santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas» en el Impuesto sobre la renta y el Patrimonio, en los impuestos sobre el consumo, en la Contribución Territorial Urbana —«los templos y capillas destinados al culto y, además, sus dependencias o bien edificios y locales anexos destinados a la actividad pastoral; la vivienda de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas; los locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios destinados a la capacitación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas en la medida en que den enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas; las construcciones destinados principalmente a casas o bien conventos de las Órdenes, Congregaciones religiosas y también Institutos de vida consagrada»—, y los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales —«siempre que los recursos o bien derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad»—. En el artículo V se añade:


El hecho de ser negociados y acordados ya antes de ser aprobada la Constitución ha hecho dudar de su constitucionalidad, mas como recuerda el cronista Juan G. Bedoya, "absolutamente nadie ha presentado en treinta y cuatro años recurso contra el fondo de los Pactos frente al Tribunal Constitucional". Asimismo se ha planteado "¿por qué razón 5 Pactos y no un Concordato como en siglos pasados? Fallecido Franco, la palabra concordato estaba manchada de sangre y oprobio, tras los firmados por el Vaticano con dictadores como Hitler, Mussolini y exactamente el mismo dictador de España".


En cuanto a su contenido se ha sostenido, no solo por campos laicos sino más bien asimismo por ciertos conjuntos católicos, que "sostienen innumerables privilegios del franquismo en temas jurídicos, económicos y en la enseñanza". De este modo el colectivo Cristianos de Base y la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII han pedido al gobierno de Mariano Rajoy la demanda de exactamente los mismos pues «consagran para la Iglesia católica abundantes privilegios y lastran el auténtico sentido del cristianismo». Estas críticas de ámbitos católicos progresistas empezaron en exactamente el mismo instante en que se conocieron los contenidos de los pactos. Unas doscientos cincuenta personas, entre ellas teólogos y sacerdotes, se manifestaron frente a la nunciatura de la villa de Madrid en el mes de enero de mil novecientos setenta y nueve para protestar por la sola existencia de semejantes pactos. Uno de los participantes de la manifestación, el teólogo Juan José Tamayo recuerda: «Eran unos pactos que venían negociándose desde mucho ya antes de la Constitución y proseguían siendo un Concordato enmascarado que, amparándose en la confesionalidad enmascarada del artículo ciento sesenta y tres. llena de privilegios a la Iglesia católica».


También han criticado los Pactos las otras confesiones religiosas presentes en España. La Coalición Evangélica con respecto a que se enseñe la religión en las escuelas públicas ha manifestado: «La enseñanza religiosa es un derecho y deber de los progenitores, que pueden compartir con la corporación confesional que consideren más adecuada: parroquia, mezquita, sinagoga, iglesia o bien otro sitio ideal. Es básico el principio de la aconfesionalidad del Estado. Conforme con este principio de separación entre el Estado y las distintas confesiones, la escuela pública no debe dar ningún género de enseñanza confesional».


Los ámbitos laicos asimismo los han criticado. El presidente de Europa Laica ha manifestado: «No hay nada en esos artículos que fuerce a los Gobiernos ni tan siquiera a la existencia de los Pactos, mucho menos a abonar los sueldos de obispos y sacerdotes, o bien de miles y miles de profesores de Religión y ética católica en las escuelas públicas».


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