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Leal al ejemplo de los reyes sus ancestros y obediente a los cánones de la Iglesia, que apartaban al hereje de su gremio y del consorcio de los fieles, manda salir de su reino a todos y cada uno de los valdenses, vulgarmente llamados sabbatatos y pobres de Lyón, y a todos los otros de cualquiera secta o bien nombre, como contrincantes del rey y del reino (et nostros etiam regnique nostri publicos hostes).
BR>Si alguno fuere hallado tras este término va a ser quemado vivo y de su hacienda se van a hacer 3 partes: una para el denunciante y 2 para el fisco. Los castellanos y señores de lugares lanzarán de igual modo a los herejes que haya en sus tierras, concediéndoles 3 días para salir, mas sin subsidio. Y si no desearen obedecer, los hombres de las villas, iglesias, etcétera dirigidos por los vegueros, bailes y merinos, van a poder entrar en prosecución del preso en los castillos y tierras de los señores, sin obligación de pechar el daño que hicieren al castellano o bien el resto fautores de los dichos abominables herejes. Todo el que se negare a perseguirlos, incurrirá en la indignación del rey, y va a pagar veinte monedas de oro. Si alguno, desde la data de la publicación de este edicto, fuere atrevido de percibir en su casa a los valdenses, sabbatanos, etcétera, o bien escuchar sus aciagas predicaciones, o bien darles comestible o bien algún otro beneficio, o bien defenderlos o bien prestarles asentimiento en algo, caiga sobre él la ira de Dios omnipotente y la del señor rey, y sin apelación sea condenado como preso de lesa mejestad y decomisados sus recursos. Sépase que si alguna persona noble o bien plebeya descubre en nuestros reinos algún hereje y le causa males, deshonras y impuestos, siempre que no sea la muerte o bien el descoyuntamiento de miembros, que lo vamos a tener como agradable y admito, sin temer que pueda incurrir en pena alguna, ya antes bien, merecerá nuestra gracia; y tras saquearles sus recursos y de la deshonra y impuesto que puedan inferirles, los deben traer a nuestros vicarios y bailes a fin de que les apliquen la justicia. —Ordenanza de Pedro II de Aragón. Girona, mil ciento noventa y siete

Desde el Bajo Imperio Romano una serie de delitos eclesiásticos fueron transformados en delitos públicos. Entre ellos se hallaban los actos contra las iglesias o bien contra el clero, la apostasía y la herejía. Esta última era el «crimen» más esencial y el emperador y sus jueces tenían la obligación de actuar contra ella. Una constitución del año trescientos ochenta y siete, mandaba que «todos los jefes de los maniqueos fuesen quemados con sus libros, y sus acólitos condenados a muerte o bien a trabajos forzados en las minas». En los siglos siguientes la Iglesia apeló continuamente a los tribunales seculares a fin de que la persiguiera, teniendo presente la prohibición establecida por el derecho preceptivo de que los tribunales eclesiásticos dictasen condenas que supusiesen el derramamiento de sangre. Por servirnos de un ejemplo el papa Calixto II en el Concilio de Tolosa de mil ciento diecinueve, o bien el papa Inocencio II en el concilio de Letrán de mil ciento treinta y nueve hicieron sendos llamamientos a los príncipes cristianos a fin de que lucharan contra las nuevas sectas.


La jurisdicción sobre la herejía correspondía a los obispos quienes condenaban a los herejes declarados o bien descubiertos por algún medio con la expulsión de la diócesis o bien con la excomunión. En mil ciento ochenta y cuatro el papa Lucio III decretó la decretalAd abolendam en la que ordenó que se estableciesen tribunales episcopales en toda la Cristiandad Latina que se ocupasen de la herejía. En esta inquisición episcopal, «refrendada en el Sínodo de Verona de mil ciento ochenta y cuatro por el papa Lucio III y el emperador Federico I Barbarroja, actuaban solamente el prelados y la autoridad civil de cada diócesis; se procuraba a los posibles herejes y de ser hallados culpables, se les aplicaba la excomunión y el bando imperial con el destierro y la confiscación de bienes; no se aceptaba aún la pena de muerte».

El papa Inocencio III. Monasterio de Subiaco, Roma

Sin embargo, ciertos príncipes cristianos que atendieron la llamada de la Iglesia para combatir contra la herejía, la aplicaron. En mil ciento sesenta y seis el rey Enrique II de Inglaterra ordenó marcar en la frente con un hierro al rojo a treinta herejes y, tras golpearlos públicamente, que los echasen al campo a fin de que murieran de frío. En mil ciento noventa y siete el conde de Barna y rey de Aragón Pedro II de Aragón decretó en Girona una muy dura ordenanza antiherética en la que mandaba abrasar vivos a los herejes que se negasen a desamparar sus dominios.


En mil ciento noventa y nueve el papa Inocencio III, que reemplazó el título tradicional del papa de vicario de Pedro por el de vicario de Cristo aseverando de esta manera su autoridad soberana absoluta —su plenitudo potestatis— sobre la Cristiandad, hizo pública la decretalVergentis in senium en la que proclamó la herejía como un crimen de lesa majestad, el crimen supremo conforme el derecho romano, con lo que la herejía de noción teológica se convertía en noción jurídica. De esta forma «declarando a los herejes culpables del crimen de lesa-majestad eterna, se ungía de hecho al papa de esta majestad que se hallaba lesionada, majestad de un nuevo tipo, cristianizada, superior a la majestad temporal de la que podían enorgullecerse el emperador o bien los reyes. La noción de majestad eterna o bien divina, introducida a propósito de la prosecución de los heréticos, ponía de este modo el derecho romano al servicio de un poder fundado sobre la función suprema de defensa de la fe cristiana». La consideración de la herejía como un crimen de lesa majestad se fundamentaba en la idea de que «cuando un hereje se ponía fuera de la comunión eclesial, se formaba al tiempo fuera de la sociedad».


La equiparación de la herejía con el delito de lesa majestad fue confirmada en el IV Concilio de Letrán de mil doscientos quince y desde entonces los heréticos recibieron exactamente el mismo tratamiento penal que el derecho romano reservaba a los viles. En mil doscientos el rey de Francia Felipe II Augusto hizo abrasar a 8 cátaros en Troyes y después a un conjunto de seguidores de Amaury de Chartres, incluyendo mujeres y clérigos, «obrando en en ello como rey cristianísimo y católico».En los sínodos de Aviñón (mil doscientos nueve), de Montpellier (mil doscientos quince), de Narbona (mil doscientos veintisiete) y de Tolosa (mil doscientos veintinueve) se inculcó a los obispos el deber de denunciar a los herejes y de llevarlos frente a la autoridad civil a fin de que esta les aplicase la debita poena, la muerte en la fogata. Además de esto se les desmoronaban sus casas y se les incautaban sus recursos. «A los arrepentidos, a quienes se les excusaba la vida, quedaban excluidos de los cargos públicos y tenían que llevar por toda la vida sobre el hábito 2 cruces a fin de que pudiesen ser reconocidos». Por esos años el emperador Federico II establecía la quema en la fogata como «castigo ejemplar» para los herejes, si bien «no le movían puros motivos religiosos; más le importaba, siguiendo el ejemplo de los viejos emperadores romanos, sobreponerse al dominio del pontificado constituyéndose en defensor único de la Cristiandad y juntamente contar con a su antojo de sus vasallos, a quienes arbitrariamente podía castigar y hasta llevarlos a la muerte por un pretendido crimen de herejía».

Papa Gregorio IX.

La consideración de que los tribunales episcopales comunes habían fracasado en la exterminación de la herejía, llevó al papa Gregorio IX a decretar en mil doscientos treinta y uno la decretalIlle humani generis por la que daba al convento de la orden de los Dominicos de Regensburg el poder de crear un tribunal inquisitorial. Con esta decretal se creó «un nuevo género de funcionario, un estudioso cuya autoridad derivaba de manera directa del papa, de cuya resolución no había apelación y que actuaba conforme con el modo perfecto eclesiástico tradicional del procedimiento inquisitorial». Otra razón para la creación de la inquisición pontificia pudo ser eludir la «exagerada intromisión del poder civil en materia religiosa».


Así fue como nació la inquisición pontificia, una corporación eclesiástica judicial que tiene como misión investigar (inquirere en latín) allá donde hayan surgido conjuntos heréticos para corregir su «error» (herejía en sentido etimológico significa eso: opinar de forma diferente) a través de la persuasión, la confesión y la penitencia y si persistieran en exactamente el mismo separarlos del «pueblo cristiano» entregándolos al brazo secular, a las autoridades civiles, por el hecho de que la herejía era considerada un delito de lesa majestad y como tal había de ser castigado.


La inquisición nace para hacer en frente de las 2 herejías más esenciales de los siglos XII y XIII —la albigense, muy extendida por el Languedoc, y la valdense—, que cuestionaban la Potencia divina —al proteger el dualismo que plantea que el bien y el mal son 2 entidades diferentes y antagónicas— y el papel institucional de la Iglesia —al negar su monopolio de la predicación de la verdad cristiana o bien al rehusar ciertos sacramentos—.


En cuanto a los reinos cristianos de la península ibérica, la inquisición pontificia solo se instituyó en la Corona de Aragón donde los dominicos catalanes Raimundo de Peñafort y Nicholas Eymerich fueron señalados miembros de exactamente la misma. En cambio, en la Corona de Castilla jamás se estableció pues, conforme Henry Kamen, «los obispos y los tribunales eclesiásticos se habían bastado más que de sobras para refrenar cualquier herejía». La nueva inquisición papal apuesta por el poder de la predicación para persuadir a los herejes de su «error», mas sin olvidar los medios represivos judiciales a fin de que el hereje confiese públicamente, delante de un tribunal, su delito. Por lo tanto, la actividad de los inquisidores es al unísono pastoral y represiva, por eso el papa nombre como inquisidores a miembros de las nuevas órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, en especial estos últimos, que exactamente son los grandes especialistas de la palabra.


Los inquisidores dependen de forma directa del papa y las autoridades eclesiásticas locales no tienen jurisdicción sobre ellos. Esto es lo que diferencia a la inquisición pontificia de la inquisición episcopal, puesto que representan por delegación papal una potencia absoluta, la de Dios. Y esto es lo que deja que el inquisidor actúe de oficio, sin que sea preciso que exista una acusación, dando nacimiento al proceso inquisitorial que va a tener una gran repercusión en los sistemas penales contemporáneos.

Véase también:Proceso inquisitorialEscena de la Inquisición por Alphonse Legros (siglo XIX) en la que se muestra a un acusado confesando su herejía

El procedimientoEditar


Partiendo del principio de que no es preciso inculpador, una sospecha o bien una demanda acostumbran a ser los motivos a fin de que el inquisidor abra un proceso, esto es, investigue, encueste, inquirere. Así se rompía con las reglas procesales que imperaban en la Edad Media en tanto que la función principal de la justicia era entonces solucionar enfrentamientos entre 2 personas o bien entre 2 conjuntos, con lo que siempre y en toda circunstancia era preciso un inculpador para comenzar el proceso, y el juez era un árbitro del mismo. La manera diferente de actuar del inquisidor derivaba del derecho romano que consideraba el crimen como una amenaza a la res publica, y la herejía la Iglesia la había declarado el más terrible de los crímenes, el crimen de lesa majestad, con lo que podía actuar de oficio en defensa del «orden sagrado» y de la Iglesia.


La labor del inquisidor suponía una enorme complejidad pues ya antes de juzgar al delincuente debía identificar y calificar el crimen, o sea, si se hallaba frente a un caso de herejía, un término, por otra parte, de contornos imprecisos. De esta forma el inquisidor debía llegar a conocer la verdad mediante su investigación, de su inquisición, para sobre ella basar la sentencia. Y para esto, como su propósito era proteger la majestad, principio tomado del derecho romano, podía franquear las protecciones judiciales que se daban a los imputados a fin de que pudiesen defenderse de forma equilibrada, propias de los procesos acusatorios, y «apoyarse sin vergüenza en demandas, callarse el nombre de los testigos de cargo, apresurar el procedimiento y usar el secreto y la tortura para lograr una confesión, pues la confesión confirmaba lo que la investigación confiada a un juez especialista había dejado vislumbrar…».


Aunque el fundamento del proceso inquisitorial es el derecho romano, los clérigos medievales lo alteraron en múltiples puntos, sin olvidar no obstante las reglas del sistema acusatorio. Una de las modificaciones más esenciales procedía de la costumbre monástica de la «corrección fraternal», conforme la que los frailes tenían la obligación de denunciarse mutuamente cuando infringían la regla de la orden, y que se extendió al conjunto de los fieles, a los que se amenazaba en las predicaciones a que delataran las faltas de los otros o bien las de uno mismo. Este llamamiento y las demandas a que daba sitio formaban la «inquisición general», que daba paso a la «inquisición especial» dirigida contra un número determinado de sospechosos. «Desde los años mil doscientos cuarenta y cinco-mil doscientos cuarenta y seis se ve de esta forma a los inquisidores Bernard de Caux y Jean de Saint-Pierre interrogar a cerca de cinco mil quinientos personas originarias de cien parroquias del Lauragais, en el territorio albigense, para encontrar a los heréticos».

El papa Juan XXII bendiciendo a Bernardo Gui.

Algunos inquisidores ponen por escrito sus experiencias realizando de este modo unos «manuales de inquisidores» que servirán de guía al resto. El reverendo y también inquisidor dominico Étienne de Bourbon escribe en Lyon al final de su vida (entre mil doscientos cincuenta y mil doscientos sesenta y uno) un «Tratado de diferentes materias a predicar» en el que hace un listado de los vicios, entre aquéllos que incluye la herejía, que según él es producto del pecado capital del orgullo. A inicios del siglo XIV la lista de los «errores» de los heréticos de Etienne de Bourbon va a ser recogida por Bernardo Gui en su conocido Manual de inquisidores. En mil trescientos setenta y cinco el catalán Nicholas Eymerich escribió otro renombrado manual de inquisidores titulado Directorium Inquisitorum en el que entre otras muchas cosas daba una serie de «ardides» para confundir al acusado y hacerlo hablar:


Diferencias con el procedimiento de los tribunales secularesEditar


Según Edward Peters, el procedimiento desarrollado por la inquisición pontificia alteró el proceso inquisitivo, tal y como era aplicado por los tribunales seculares, en múltiples aspectos fundamentales: «la predisposición a esconder los nombres y lo esencial del testimonio de los testigos»; «la limitación frecuente del asesoramiento del acusado»; «la admisión del testimonio de testigos incompetentes: partes interesadas, los declarados viles, los convictos por perjurio, etc.»; «el relajamiento de las reglas sobre las pruebas y el mayor peso dado a ciertos indicia, particularmente en el campo de las expresiones faciales, la conducta, el aparente nerviosismo, etc.»; «la política de mentir al acusado introduciendo espías en su celda, haciéndole promesas de indulgencia y desarrollando un sistema de formas esmeradamente concebidas de interrogatorios que eran considerablemente más extensas que las precriptas en el procesamiento inquisitorial ordinario»; «la categoría de grados de sospecha en que se tenía a los herejes acusados; esos grados determinaban la intensidad del procedimiento utilizado contra ellos». En los siglos siguientes ciertas de estas modificaciones del proceso inquisitivo se terminaron trasladando a los tribunales seculares.

Instrumentos de tortura de Nuremberg. Grabado de Erhard Schön (cara mil quinientos)

Originariamente los inquisidores no estuvieron autorizados a emplear la tortura contra los herejes, mas en mil doscientos cincuenta y cuatro el papa Inocencio IV decretó la constitución Ad extirpanda en la que se decía:


Así puesto que, en mil doscientos cincuenta y cuatro el papa Inocencio IV, tras proclamar que «los heréticos eran ladrones y asesinos de ánimas, y que no habían de ser tratados mejor que si fueran literalmente ladrones y asesinos», legaliza y regula el empleo de la tortura en el proceso inquisitorial. Desde entonces entra a ser parte del mismo, si bien no es empleada sistemáticamente y su empleo está regulado meticulosamente, cuando por servirnos de un ejemplo existen contradicciones entre determinados testimonios y las primeras declaraciones del acusado.



La herejía era un delito bastante difícil de probar y además de esto era un delito compartido, puesto que los herejes no existían individualmente, de ahí la necesidad de los inquisidores, reflejado en la propia constitución Ad extirpanda, de lograr los nombres de los otros herejes. En el siglo XIV la jurisdicción francesa distinguía entre la question prèpartoire, la tortura aplicada para conseguir una confesión, y la question préalable, la tortura aplicada tras la confesión y cuyo objetivo era conseguir el nombre de los cómplices.



En el manual del inquisidor de Eymerich se dice: «Si confiesa, perfecto. Si no, va a ser suficiente con los otros rastros para someterlo a la cuestión y arrancarle de este modo las confesiones a través de la tortura». En un manual de inquisidores del siglo XV se decía:


Los inquisidores eran siendo conscientes de que una persona sometida a tortura podía confesar delitos que no había cometido con tal de terminar con el martirio, mas la aplicaban por el hecho de que la confesión era el único medio que tenían para llegar a la verdad completa, absoluta, alén de las pruebas materiales o bien de las declaraciones de los testigos —aunque «lo más seguro es que no haga más que confirmar lo que el juez ha creído percibir desde su investigación preliminar, lo que es para él muy confortante y le da seguridad sobre sus capacidades intelectuales!»—. La obsesión por venir a la verdad, lo que justifica conforme los clérigos medievales el empleo de la tortura, tiene un fundamento religioso relacionado con el sacramento de la confesión: Dios lo sabe todo, es inútil engañarle.


Como la inquisición fue creada con la pretensión de «curar», la condena a la fogata se aplicó en parcialmente pocas ocasiones. Entre mil trescientos ocho y mil trescientos veintidos Bernardo Gui, el inquisidor que retrata Umberto Eco en El nombre de la rosa, pronunció seiscientos treinta y seis condenas, de las que unas cuarenta fueron a la fogata.

Cuadro Bernard Déliceux o bien L'agitateur du Languedoc de Jean-Paul Laurens (siglo XIX, Toulouse)

Especialmente en Languedoc hubo una cierta resistencia a la actuación de los inquisidores encargados de terminar con la herejía albigense, si bien la mayor parte de la población se mostró pasiva y también indiferente a su misión e inclusive seguramente hubo personas que la aprobaron.Esta resistencia se transformó en un auténtico movimiento antiinquisitorial entre mil trescientos uno y mil trescientos cinco encabezado por el monje menorfranciscanoBernard Délicieux, quien denunció, aun frente al rey Felipe IV el Bello, los supuestos excesos de la inquisición —condena de inocentes para apoderarse de sus recursos, confesiones falsas por el empleo arbitrario de la tortura, abuso sexual de las prisioneras— y de la orden de los dominicos, cuyos miembros eran los que la integraban, y negó la existencia de herejes en Languedoc. Por último terminó en una completa derrota por el hecho de que la conjura contra el rey organizada en la urbe de Carcasonne fue descubierta y fuertemente reprimida.


En las décadas precedentes se habían producido resistencias puntuales a la actuación de los inquisidores logrando que estos abandonasen a toda prisa sus urbes y estando a punto a veces de ser ajusticiados. El primer percance tuvo lugar en mil doscientos treinta y cuatro, solamente fundarse la inquisición papal, en Albi, la urbe donde había surgido la herejía albigense que llevaba su nombre. Allá el inquisidor Arnaud Cathala fue insultado, golpeado y conminado de muerte cuando procuró desenterrar el cadáver de una finada condenada por él como hereje a título póstumo a fin de que fuera quemado en la fogata —en mil trescientos dos otro inquisidor asimismo fue obligado a desamparar la urbe y el convento de los dominicos fue asaltado—. En mil doscientos treinta y cinco en Toulouse el hermano Guillaume Arnaud fue conducido por fuerza en procesión a las puertas de la urbe y emplazado a no regresar hasta el momento en que no hubiese renunciado al proceso inquisitorial que pretendía comenzar. 7 años después 2 inquisidores fueron asesinados en una emboscada en el castillo de Avignonet, por unos nobles próximos al conde de Toulouse. En mil trescientos cinco los habitantes de Carcasonne fueron descomulgados por haber destruido las vidrieras de la iglesia de los dominicos, destruido los tejados del convento y golpeado a los monjes hasta el derramamiento de sangre. Veinte años ya antes 4 presos de la inquisición habían confesado su participación en un complot para destruir los registros de la Inquisición de Carcasonne.


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