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salud  Ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado de 1905 


Ley del nueve de diciembre de 1905

Aunque establecida oficialmente mediante la ley de mil novecientos cinco, el término de estado secular en Francia se traza habitualmente a la Revolución Francesa, empezando en mil setecientos ochenta y nueve. Ya antes de ese tiempo, el catolicismo había sido la religión del estado de Francia, y la jerarquía católica estaba de manera firme entrelazada con el viejo régimen. De todas maneras, la revolución llevó a múltiples cambios de política, incluyendo la breve separación de la Iglesia y el Estado en mil setecientos noventa y cinco, dada por terminada por el establecimiento por la parte de Napoleón de la Iglesia de Francia con el Concordato de mil ochocientos uno. Un documento esencial en la evolución cara la libertad religiosa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de mil setecientos ochenta y nueve, expresaba que:


De todos modos, el estado francés siguió solucionando 4 religiones oficiales entrado el siglo XX: el catolicismo, el calvinismo, el luteranismo y el judaísmo. Edificó iglesias, templos y sinagogas aparte de otros edificios religiosos por medio de los impuestos gravados a la población entera y no solo a aquellos afiliados con esas religiones. La Comuna de la ciudad de París de mil ochocientos setenta y uno había proclamado el secularismo estatal el tres de abril de mil ochocientos setenta y uno, mas había sido anulado siguiendo su derrota. Después de la crisis del dieciseis de mayo de mil ochocientos setenta y siete y la victoria de los republicanos en las elecciones siguientes, múltiples proyectos de ley requiriendo la eliminación del Concordato de mil ochocientos uno se depusieron, empezando con la proposición de Hables Boysset el treinta y uno de julio de mil ochocientos setenta y nueve.


A partir de entonces, la Tercera República estableció la educación secular con las leyes de Jules Ferry de mil ochocientos ochenta y uno y mil ochocientos ochenta y dos, las que fueron unas de las primeras bases para el firme establecimiento del régimen republicano en Francia. En mil ochocientos ochenta y seis otra ley aseguró la secularización del personal de enseñanza de la Educación Nacional. El treinta de julio de mil novecientos cuatro, la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados votó –en contra de los deseos de Emile Encorves- la rotura de las relaciones con la santa Sede, siguiendo la sanción por la parte de la santa Sede de 2 obispos franceses (Albert-Léon-Marie Le Nordez y Pierre-Joseph Geay) quienes se declararon republicanos y en favor de la conciliación con la República; estas relaciones serían restituidos recién en mil novecientos veintiuno, entonces que el Senado admitiese votar la proposición de Aristide Briand.


La ley de mil novecientos cinco puso fin al financiamiento de conjuntos religiosos por el Estado (El Estado había acordado semejantes fondos en el Concordato de mil ochocientos uno como compensación por las confiscaciones efectuadas por la Revolución Francesa sobre propiedades de la Iglesia, propiedades con las que esta hubiera podido financiarse a sí). Al tiempo, declaró que todos las construcciones religiosos serían propiedad del estado y los gobiernos locales; el gobierno pone semejantes edificios a predisposición de las organizaciones religiosas sin costo para estas, siempre y cuando prosigan utilizando esos edificios con fines de culto. Otros artículos de la ley incluyen la prohibición de fijar símbolos religiosos en edificios públicos, estableciendo asimismo que la República no va a nombrar más obispos o bien arzobispos (si bien esto último se alteró en la práctica desde mil novecientos veintiseis).


Como Alsacia y Lorena formaban una parte del Imperio Alemán, la ley de mil novecientos cinco –así como otras legislaciones- no aplicaban –ni aplican- allá. También la ley de mil novecientos cinco no se extendió en su aplicación cara la Guayana Francesa –una colonia en ese instante- y hasta hoy el gobierno local prosigue financiando a la Iglesia Católica.


Otra modificación ocurrió cuando Aristide Briand negoció subsecuentemente el pacto de Brian-Ceretti con el Vaticano, donde el estado tiene un rol en la elección de obispos diocesanos.


Mientras que la pretensión explícita de la ley era la negar la existencia de una religión avalada por el Estado, su efecto final fue el de inutilizar a la religión católica como una fuerza institucional en la vida pública, al negarle a esta o bien cualquier otra religión, el financiamiento gubernativo.


Las primordiales figuras en la creación de la ley fueron Aristide Briand, Émile Encorves, Jean Jaurès y Francis de Pressensé. En un inicio los católicos estaban con seriedad perjudicados puesto que la ley declaraba a las iglesias como propiedad del estado y los gobiernos locales. Un punto de fricción era que las autoridades públicas debían dar las edificaciones a los representantes laicos de las organizaciones religiosas (associations cultuelles) en vez de ponerlos de manera directa bajo supervisión de jerarquía eclesiástica. Esto causó desobediencias civiles e inclusive revueltas por la parte de católicos. La santa Sede urgió a los sacerdotes a batallar pacíficamente en nombre del catolicismo. El Papa Pío X publicó una encíclica Vehementer Nos denunciando a la ley como contraria a la constitución de la iglesia. También la ley liberó a la iglesia del control del estado, en tanto que esta podía colectar más fondos que las sumas modestas que el estado el proveía y podía escoger sus obispos, como era el caso de para los católicos de EE. UU., Polonia y también Irlanda.


La ley y su implementación inicial fueron controversiales, eminentemente por el anticlericalismo dominante en mucha de la izquierda política francesa de ese tiempo. La ley enfureció a muchos católicos que últimamente habían empezado a abogar por la causa de la república, apoyada por la encíclica de mil ochocientos noventa y dos de León XIIIInter innumeras sollicitudines y por el visto bueno manifestado en mil ochocientos noventa por Cardenal Lavigerie en favor de la República. De todas maneras la ley progresivamente llegó a ser prácticamente universalmente admitida entre la ciudadanía francesa, incluyendo a los miembros de la Iglesia Católica, la que vio en ella la posibilidad de mayor libertad sobre la interferencia del estado en temas culturales.


Sin embargo últimamente ciertos políticos y comunidades han puesto la ley en duda, argumentando que esta, pese a su situación explícita en favor de un estado secular, aparentemente favorece a las religiones que –de facto- son las tradicionales de Francia, particularmente a la Iglesia Católica, en favor de religiones establecidas más últimamente, como el caso del Islam; mientras que la mayor parte de las iglesias católicas en el país fueron construidas ya antes de mil novecientos cinco y de esa forma son mantenidas mayoritariamente por los fondos públicos, los seguidores del Islam y otras religiones de asentamiento reciente deben abonar la financiación completa de sus establecimientos religiosos.Este fue uno de los razonamientos de Nicolas Sarkozy, cuando fue Ministro del Interior, al abrir una polémica al argüir en favor de extender la financiación cara otros centros culturales además del catolicismo, protestantismo y el judaísmo.


De todos modos la ley de mil novecientos cinco fue habitualmente considerada políticamente intocable. Contrincantes de Sarkozy como Jacques Chirac y Dominique de Villepin, consiguieron disputar que alguna enmienda fuera hecha a la ley.


El modelo plasmado por la Ley de Separación padeció un cambio esencial con el regreso a la relación concordataria con la santa Sede en dos mil ocho, con la firma del Pacto sobre reconocimientos de grados y diplomas de enseñanza superior de dieciocho de diciembre de dos mil ocho, con entrada en vigor el 1 de enero de dos mil nueve, y que ha supuesto el reconocimiento oficial de la enseñanza religiosa. Hay que tener en consideración que estos pactos, con valor de tratado internacional, desplazan en lo que sea incompatible la legislación interna, en razón de la primacía del Derecho Internacional. No supone, por ende, una derogación de la ley, mas sí que no va a ser de aplicación a la Iglesia católica en lo relativo a los aspectos del pacto.


Este acercamiento se ha acentuado en dos mil dieciseis, cuando Francia y la santa Sede han llegado a un nuevo pacto sobre la titularidad eclesiástica de la corporación cultural francesa Trinità dei monti el veinticinco de julio de ese año, con entrada en vigor el veinticinco de noviembre.


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