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El ordoliberalismo (Ordoliberalismus) nació en la década de mil novecientos treinta en la Universidad de Friburgo. Esta vertiente del liberalismo tiene como "padre intelectual" a Walter Eucken, aparte de ser enriquecida de forma directa por autores como Franz Böhm, Hans Großmann-Doerth y Leonhard Miksch. A este conjunto, rigurosamente de ordoliberales, se sumó otro conjunto de economistas como Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred Müller-Armack y Ludwig Erhard para conformar la economía social de mercado (soziale Marktwirtschaft).


El ordoliberalismo toma su nombre del anuario, editado por este conjunto de autores, llamado Ordo: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft al que contribuyen, además de esto, autores como Friedrich von Hayek y Karl Popper.


El ordoliberalismo se puede ver como una contestación de la derecha política a 2 grandes crisis: primero los grandes inconvenientes de entreguerras y, segundo, a la crisis institucional que afectó a Alemania a consecuencia del nacionalsocialismo. Contestación que procura salvar los valores sociales tradicionales (ver Concepciones de la vida ética (moral)) de las profundas transformaciones producto de la incapacidad para solucionar esas crisis de las teorías y también instituciones legales y económicas existentes. (ver: "Reflexión sobre el papel del Estado en este periodo" en Estado del Bienestar)


En consecuencia, Wilhelm Röpke consideró al ordoliberalismo como una propuesta del "liberalismo conservador" y cristianocontra el capitalismo en su obra Civitas Humana. Alexander Rüstow asimismo criticó al laissez-faire capitalista en su trabajo Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus (mil novecientos cincuenta). Los ordoliberales se distinguían a sí mismos tanto de los liberales tradicionales del siglo XIX, los "paleoliberales", como de los liberales tradicionales austriacos: Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek.


En su filosofía política, los ordoliberales fueron influidos por Aristóteles, De Tocqueville, Hegel, Lorenz von Stein, Spengler, Karl Mannheim y Max Weber.


Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, un conjunto de políticos, economistas y juristas (incluyendo los nombrados) que habían constituido una oposición de derecha a Hitler, bajo el liderazgo de Konrad Adenauer reanudan por una parte las visiones de la escuela de Friburgo (modificándolas con las sugerencias de Muller Armack), y por otro reinterpretan el contenido ética del término unificador del Estado Social, buscando sustituir tanto el nacionalismo como el centralismo a fin de eludir que el Estado caiga en las manos de sátrapas. Ese nuevo contenido, de carácter cristiano, reafirma no solo el bien común sino más bien el valor irremplazable de la libertad de los individuos y el valor de las distintas comunidades que se integran en una nación y por último se concretan en el proyecto de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania que llega a ser llamado Economía Social de Mercado. (ver asimismo "Orígenes y Evolución del término" en Estado Social)


Según el ordoliberalismo, el Estado debe crear un conveniente entorno legal para la economía y sostener un nivel saludable de competitividad mediante medidas que se adhieran a los principios del libre mercado. Con relación a esto, si el Estado no toma una situación activa para estimular la competencia, surgirán monopolios (o bien oligopolios), que destrozarán no solo los beneficios del libre mercado, sino probablemente asimismo afectarán la gobernabilidad, esto debido a que el poder económico asimismo puede ser empleado contra el poder político. Para Stephen Padgett, la tesis central del ordoliberalismo es una división del trabajo meridianamente definida para la administración económica, con responsabilidades concretas asignadas a ciertas instituciones. La política monetaria habría de ser responsabilidad de un Banco Central enfocado a la estabilidad monetaria, y al mantenimiento de una inflación baja, apartado de la presión política a través de su carácter independiente. La política fiscal es responsabilidad del gobierno, como los son ciertos aspectos macroeconómicos (como la promoción del empleo eficaz de los factores de producción, singularmente los recursos naturales, el Pleno empleo y el incremento de los niveles de la formación y concurrente incremento en la calidad de vida general). Otros aspectos de la macroeconomía -semejantes comos establecer los niveles de salarios- son responsabilidad de los gremios empresariales y de los sindicatos. Todo esto a fin de sostener la estabilidad social precisa de cara al desarrollo de una economía libre. El Estado debe formar un orden económico en lugar de dirigir procesos económicos.


De pacto a Eucken, lo precedente se puede resumir en los próximos puntos:



  1. Los costes tienen una función de información, para los actores económicos, sobre el valor relativo de recursos y recursos escasos.
  2. La situación precedente supone estabilidad de la moneda y costos.
  3. Los mercados han de ser abiertos. Debe existir acceso libre al mercado, lo que supone la no existencia de monopolios o bien carteles.
  4. La propiedad privada sobre los medios de producción ha de ser garantizada, mas se debe obligar al empleo responsable (incluyendo temas laborales y de utilización de recursos comunes) de semejante derecho.
  5. Debe existir -en temas económicos - libertad establecido y de asociación (incluyendo sindical). Las negociaciones entre esas asociaciones o bien individuos se deben realizar sin intervención estatal, con la salvedad de la imposición de un sueldo mínimo cuando las condiciones laborales o bien económicas llevan los ingresos a niveles inútiles de mantener las necesidades básicas de las familias.
  6. Cada empresa debe aceptar la responsabilidad y el peligro por sus inversiones, la rentabilidad y desempeño de exactamente las mismas. Si una compañía quiebra, el estado no debe salvarla.
  7. Debe haber perseverancia en la política económica mediante los que se reduce el peligro para los actores económicos individuales.
  8. Debe haber impuestos progresivos que dejen financiar el gasto público con la intención de conseguir una corrección experimental del ingreso nacional.

A fin de entender lo precedente es esencial sostener presente la distinción entre la organización de la estructura de la economía por norma general y la regulación o bien control de actividades económicas concretas. El Ordo-liberalismo ofrece un conjunto de políticas que enmarcan tanto el aspecto legal como el político, la acción de clases sociales, la base para una competencia eficaz, etcétera, desde la como el gobierno así sea por sí solo y/o en conjunto con otros campos establece las reglas que regulan el "deber ser" y el "se puede hacer" económico de la sociedad.


El criterio central para establecer esa estructura económica general es la eficacia o bien capacidad del sistema de la economía de mercado con relación a satisfacer las necesidades sociales, en términos no solo de producción de recursos sino más bien asimismo de producción de "valores sociales": actitudes de responsabilidad, disciplina, solidaridad y emprendimiento, valores considerados inherentemente humanos desde el punto de vista cristiano.


Por otro lado, se puede alegar que hay múltiples razones que justifican la necesidad de un marco de orden legal en el área de la economía. Entre ellas se encuentran: el mercado libre, dejado a sí mismo, tiende a limitarse (en que los participantes procuran dominarlo incrementalmente hasta formar monopolios o bien a "defenderse" formando oligopolios o bien carteles). Al tiempo, las presiones de la libre competencia tienden a dañar la calidad de los productos a fin de conseguir ventajas comparativas, basándose en fallos de las condiciones que deberían existir para conseguir un mercado libre. Por último, las acciones de las clases o bien ámbitos económicos tienden a distorsionar tanto las condiciones del mercado como del sistema legal que lo mantiene, concluyéndose con la mengua no solo de los objetivos sociales del mercado como corporación social sino más bien con situaciones que desequilibran el sistema político-social mismo, tanto en su aspecto legal como representativo.


El ejemplo que uno de los creadores de la escuela -el maestro Vanberg- ofrece sirve para clarificar: considérese una carrera. Todos admitimos de entrada, para desarrollar el razonamiento, competencias que se fundamenten y/o reflejen esmero y sacrificio personal. Se puede aun aducir que semejantes competiciones conducen a una mejora general. Mas una competición que deje trampas, etcétera, sería no solo injusta sino difícilmente se podría argüir conduce a resultados que mejoren la sociedad. En otras palabras, las competiciones precisan un marco institucional para generar resultados verdaderamente ventajosos (o sea, mejores y, al unísono, justos). Desde este punto de vista, la intervención estatal es no solo un costo admisible para el incremento de la libertad y la justicia, sino más bien condición imprescindible para el incremento de eficacia económica, en la medida que la supresión de trampas y otras injusticias fomenta la eficiencia como senda primordial de éxito.


Siguen entonces 2 consecuencias centrales: el ideal de la plena competencia, conseguido de manera libre a través del juego de la oferta y demanda, es solo eso. En la práctica no es posible. Prosigue que el estado debe tomar medidas a fin de incorporar una competencia funcional. Y, puesto que, en verdad, distorsiones estables del mercado (por ejemplo: oligopolios o bien monopolios) ya han surgido, o bien brotarán, el estado debe tomar medidas para su supresión o bien control, lo que va a ser un proceso incesante y gradual, conseguido tanto a través del sistema de regulaciones, como a través del desarrollo tanto económico (por servirnos de un ejemplo, el surgimiento de empresas nuevas y activas) como humano (por servirnos de un ejemplo, la aparición de nuevas instituciones o bien actitudes sociales) promovido por ese sistema jurídico.


La labor del Estado es, en consecuencia, la producción de un marco regulador para desarrollar una competencia sino más bien perfecta al menos funcional, incluyendo el acceso tanto al mercado como a la información relevante: la trasparencia del mercado. De manera adicional, el estado debe establecer estabilidad financiera y de costos, al tiempo que fomentar la coordinación o bien congruencia entre la colaboración y la competencia social: la legalidad y el orden debe conciliarse con la libertad individual y social. El propósito de la acción del ordoliberalismo no es una regulación radical, completa y súbita, sino más bien una acción progresiva, para lo que las deficiencias del mercado son centrales: cuando el mercado falla es el instante conveniente para introducir orden. Por servirnos de un ejemplo, la ausencia de una tasa racional o bien consensual para el consumo de recursos públicos -como el medioambiente- o bien insuficiencias en las medidas contra los cárteles, generan situaciones de falla del mercado, que legitiman y demandan acción estatal.


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