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Durante los siglos VIII, IX y X, en los condados catalanes, igual que en otros lugares de Europa, se vivió en un sistema social caracterizado por la libertad de los labradores, dueños de la tierra que cultivaban, y por la sumisión de las autoridades —condes, vizcondes y veguers— a la ley, contenida en un código escrito como era el Liber iudiciorum, colección del derecho visigodo en Hispania, elaborado en el siglo VII por orden del rey Recesvinto.


Hasta el siglo XI, el Liber iudiciorum estuvo en vigor en los condados catalanes, en Provenza, Languedoc y en el reino de Asturias-León. En los condados catalanes, esto es, en la vieja Marca Hispánica del reino de los francos, entre los años mil veinte y mil sesenta se generó la revolución feudal: un periodo de luchas en que, en la mitad de una violencia sin freno, los nobles se sublevaron contra los condes con el propósito de apoderarse de la tierra de los labradores y someterlos a servidumbre. Este fenómeno de la revolución feudal se generó asimismo en otros puntos del viejo Imperio carolingio: Normandía, el Lacio, Lombardía, Provenza, el Languedoc y, fuera del campo franco, en el reino de Asturias-León.


La Iglesia logró que los labradores la viesen como una garantía contra la extorsión feudal garantizando el derecho de la sagrera: un radio de treinta pasos en torno a una iglesia que el prelados acotaba ceremoniosamente al consagrar un edificio de culto. En este espacio no se podría generar ningún acto de violencia bajo pena de excomunión.


Las sagreras acotaban un espacio protegido de las violencias feudales. No obstante, para asegurar un tiempo de convivencia se debía llegar más lejos, estableciendo una autoridad que prohibiese la práctica de cualquier clase de acto violento en cualquier punto del territorio. Este fue el propósito de las reuniones de Paz y Tregua de Dios.


La primera de estas reuniones en los condados hispánicos (Catalanes) se generó en Toluges en el año mil veintisiete bajo la presidencia del abad Oliva en representación del prelados Berenguer de Elna, ausente de la diócesis al estar en una peregrinación. En este sínodo se establecieron una serie de disposiciones: el deber para todos y cada uno de los habitantes del condado del Rosellón y de la diócesis de Elna de abstenerse de participar en combates o bien luchas entre sábado y lunes, para de esta manera poder cumplir el precepto dominical; se prohibía asimismo asaltar a los clérigos, iglesias, recursos propiedad de una iglesia, o bien de un monasterio o bien a personas que se dirigieran a un sitio de culto. Para los que violasen estos derechos y prohibiciones se establecía la pena de excomunión.


La celebración de esta reunión de paz y tregua en Toluges, organizada por los campesinos y las altas jerarquías eclesiásticas fue consecuencia de la crisis del poder condal provocada en el Rosellón por la revolución feudal; frente a una fuerte escalada de violencia llevada a término por los clanes nobiliarios del condado, sus víctimas —agricultores y eclesiásticos— se debieron reunir para procurar localizar una solución por sí solos. El poder condal se mostraba impotente; impotencia perceptible por la ausencia total del conde Gausfredo II en una asamblea en la que se trataba un tema capital de gobierno como era el mantenimiento del orden público.


El abad Oliva, firme impulsor de este movimiento irenista, encabezó un nuevo sínodo en Vich en mil treinta y tres. Aparte de acrecentar los días de tregua que ahora englobaban de jueves a lunes, en esta nueva reunión se extendió la prohibición a mercaderes y a aquellas personas que fuesen a un mercado. De este modo se fue afianzando el movimiento de paz y tregua que se extendió asimismo a Occitania; ahí nos hallamos con los concilios de Paz y Tregua de Niza en el mil cuarenta y uno y en Narbona en los años mil treinta y dos, mil cuarenta y tres y mil cincuenta y cuatro.


En el condado de Pallars, las reuniones de Paz y Tregua fracasaron completamente; los hombres de Artal I, conde del Pallars Sobirá, atacaban primordialmente las sagreras y a lo largo de los días establecidos de tregua; para poder marchar, el movimiento irenista precisaba la implicación del poder condal. De ahí que, si en la primera reunión de Toluges el conde fue una figura ausente, en el mil cuarenta y uno el segundo sínodo festejado se hizo bajo la presidencia del conde Gausfredo II; esta tendencia se reafirmó, especialmente en Barna, a lo largo de la segunda mitad del siglo XI, donde el conde Ramón Berenguer I y su esposa Almodis no solo ratificaron las resoluciones de Paz y Tregua sino asimismo convocaron concilios de paz como el de Barna de mil sesenta y cuatro o bien el de Girona del mil sesenta y ocho. Las disposiciones de estos concilios fueron incorporadas en los Usatges de Barna, nuevo código legal que reemplazaba al viejo Liber iudiciorum que se había transformado en obsoleto tras la feudalización. Para poder triunfar, la «paz de Dios» debió transformarse en la «paz del conde» y la iglesia, en previsión de estos hechos, siempre y en toda circunstancia procuró captar los condes. De esta manera, sus anatemas o bien excomuniones no iban jamás dirigidas contra un conde ni contra su familia sino más bien solamente contra los clanes señoriales.


Si la iglesia, con los concilios de paz, logró aseverar su prestigio y su autoridad ética en la sociedad fue, realmente, pues el movimiento de Paz y Tregua, contra las apariencias, no fue empezado por el clero sino más bien por el pueblo. Conforme un análisis efectuado por Pierre Bonnassie, este movimiento era popular con una voluntad revolucionaria de no protestar solamente contra la violencia de los clanes nobiliarios sino más bien cuestionar asimismo los poderes establecidos, sobre todo la posesión de grandes lotes de tierra por los aristócratas laicos y clérigos. Esta idea resultaba inaceptable por los líderes eclesiásticos adheridos al movimiento, ligados al poder condal y nobiliario como en el caso del abad Oliva, ex--conde de Berga y hermano de los condes Bernardo Tallaferro de Besalú y Wifredo II de Cerdaña.


La implicación de las altas jerarquías eclesiásticas en el movimiento de Paz y Tregua de Dios consistió puesto que en anular las potencialidades revolucionarias, a través de el reconocimiento a los labradores de derechos esenciales como la seguridad de las sagreras y de los recursos y personas; jamás se cuestionó el poder nobiliario ni el servilismo de los labradores.El único objetivo de los eclesiásticos era la defensa de sus esenciales recursos patrimoniales de los ataques de los señores a través de el arma espiritual de la excomunión; a fin de que esta arma resultara eficiente como instrumento de exclusión social se precisaba el apoyo popular.


El poder condal prosiguió usando la Paz y Tregua, limitadora de las prerrogativas de los clanes nobiliarios a raíz de su prohibición de la violencia, para aseverar su poder, como hizo Ramón Berenguer III en Olèrdola (mil ciento ocho) y en el condado de Cerdaña (mil ciento dieciocho). Asimismo lo hizo Ramón Berenguer IV en el mil ciento treinta y cuatro cuando, para asegurar los privilegios concedidos a los Templarios, encabezó una reunión de Paz y Tregua así como el prelados Oleguer. De este modo, la reunión de la Fondarella en mil ciento setenta y tres, convocada por Alfonso el Puro no es sino más bien el final del proceso de conversión de la Paz y Tregua en un instrumento del poder real.


Alfonso el Puro forzó a los barones a aprobar los estatutos de Fondarella que, en consonancia con los orígenes eclesiásticos de la Paz y Tregua, proporcionaban a los obispos una esencial función jurisdiccional: la potestad de convocar a los cabezas de familia para combatir a los atacantes si bien sin proporcionarles poderes represivos. De ahí que el rey creó las veguerías, distritos regidos por un veguer, nombrado por el monarca entre personas sin vínculos familiares con los barones de la zona; de este modo se vertebró la primera administración local de Cataluña.


La oposición de los nobles a un poder monárquico déspota, que no aporta territorios ni botín a los aristócratas, se tradujo en un fuerte rechazo a los estatutos de Paz y Tregua. En mil ciento setenta y seis, fue asesinado el vizconde Ramón Folch de Cardona, uno de los partidarios de la Paz y Tregua; a continuación, en sus dominios se generó tal caos, que impidió al abad de Cardona asistir a un sínodo en Urgel; asimismo murió de forma violenta el arzobispo de Tarragona, Berenguer de Vilademuls (mil ciento noventa y cuatro), defensor asimismo de la Paz y Tregua.


En la reunión festejada en Girona en mil ciento ochenta y ocho, los magnates lograron alterar los estatutos de Fondarella, imponiendo al rey la promesa de nombrar desde Salses a Tortosa y Léridaveguers solamente catalanes. Limitaban de esta forma las posibilidades del monarca de hallar personas extrañas a los clanes aristocráticos catalanes a quienes nombrar veguers. Esta concesión resultó deficiente para aliviar la oposición de los nobles; en mil ciento noventa y dos se debió publicar en Barbastro los pactos de Paz y Tregua de la reunión de Barna, donde la demanda a los barones de observar la paz se basaba en las legislación de los Usatges, contrariando la situación de los nobles manifestada en la reunión de Girona en mil ciento ochenta y ocho.


Los estatutos del mil ciento noventa y dos fueron firmados por pocos barones; de ahí que en la reunión de Barna (mil ciento noventa y ocho), Pedro II de Aragón acabó cediendo a las intenciones de los magnates de limitar el alcance de la Paz y Tregua solamente al realengo (las posesiones del rey), dejamos de lado los señoríos (posesiones de los nobles). Esta idea fue reafirmada en la nueva reunión de Barna de mil doscientos y en la de Cervera de mil doscientos dos donde los nobles definieron la Paz y Tregua como la «paz del señor rey».


Esta oposición de los nobles a la Paz y Tregua se centró en rehusar la intención del rey de intervenir como árbitro en las causas entre señores y campesinos o bien en las luchas entre vasallos de un mismo señor, como excluir a los participantes en guerras entre estirpes nobles; en la reunión de Barna del mil doscientos, los magnates impusieron la exclusión de la Paz a los traidores a su señor.


Por otro lado, la contestación de la aristocracia se dirigió especialmente a los nuevos tributos como el bovatge, impuesto demandado sobre las parejas de bueyes y otros tipos y también animales; y el monedatge, pago al rey para eludir que este alterara la moneda, rebajando la ley mas sosteniendo el valor nominal. Estos tributos, con intención de generalizarse por toda Cataluña se anotan en el contexto de la Paz y Tregua; de este modo los estatutos aprobados en las reuniones de Elna y de Tarascón establecen asimismo el pago del impuesto de la paz. A lo largo del siglo XII en Cataluña la seguridad de la propiedad del campo o bien «paz de las bestias», se garantizaba con el bovaticum o bien bovatge, cuyo importe, de entrada, debía valer para costear a los ejércitos encargados del mantenimiento de la paz y para compensar a las víctimas de la violencia. Por otro lado, la protección de la moneda asimismo se introdujo en la corporación de Paz y Tregua.


Según Thomas N. Bisson, los reyes transformaron el bovatge en el primer impuesto general de la historia de Cataluña; en mil ciento ochenta y ocho, Alfonso el Puro había creado una milicia rural basada en los servicios obligatorios de las masías y, además de esto, una fuerza de paz como era el ejército diocesano que no recibía ninguna remuneración; por otra parte, Pedro el Católico impuso un bovatge a la diócesis de Vich para costear una expedición como contestación a la victoria sarracena de Alarcos; este cobro se efectuó más tarde para costear la participación en la Batalla de las Navas de Tolosa. En Cataluña, el rescate o bien adquiere de la paz se transformó de este modo en un impuesto de guerra.


En el mil ciento setenta y tres en Fondarella, Alfonso el Puro había impuesto el bovatge que en Cataluña solo contaba con un precedente en Cerdaña, en el instante de la adquisición del condado por Ramón Berenguer III. Cuestionando la legitimidad, los nobles lo rechazaron, y en Girona (mil ciento ochenta y ocho) forzaron a Alfonso el Puro a jurar que no volvería a exigirlo; Pedro el Católico, que no se sintió obligado por la promesa de su padre, demandó nuevamente el impuesto al ascender al trono (mil ciento noventa y seis).


Durante el reinado de Pedro el Católico, las relaciones políticas entre la nobleza y el monarca estuvieron condicionadas por la incesante dificultad económica del rey. Pedro el Católico tuvo una política exterior muy costosa, como los censos anuales que en mil veinticuatro se forzó a abonar a la santa Sede o bien la campaña de las Navas de Tolosa; por otro lado, el rey era desmedidamente pródigo a raíz de su afición al lujo y a la celebración.De ahí que derrochó prácticamente todo el patrimonio real y, apartándose de las indicaciones marcadas por Ramón de Caldes, recurrió nuevamente al crédito de los magnates que siempre y en todo momento demandaban contrapartes políticas: poder sustraerse a la acción de los veguers del rey y actuar como señores en los dominios de la corona que el monarca había empeñado como garantía de sus préstamos.


Por otro lado, no eran solo los acreedores del rey los únicos que se aprovecharon de su prodigalidad. La nobleza usó la dificultad económica del monarca para conseguir concesiones. En una carta fechada en Girona el veintidos de marzo de mil doscientos cinco, Pedro el Católico prometió abandonar al bovatge y al monedatge aguardando conseguir una compensación económica a su renuncia; como por esas datas el rey recibió una esencial suma de dinero procedente de otras fuentes, no debió cumplir con su promesa, y la carta de Girona no llegó a tener vigencia legal.


En consecuencia, en mil doscientos cinco, Pedro el Católico impuso un nuevo monedatge en Cataluña y Aragón; en mil doscientos siete, un bovatge en la reunión de Paz y Tregua de Puigcerdà; en el mil doscientos nueve alteró la moneda de Barcelona; en el mil doscientos diez demandó un bovatge en Cerdaña y Rosellón, y en mil doscientos once, otro para costear la expedición a Las Navas de Tolosa. Los pudientes no pudieron de esta forma eliminar estos tributos mas sí que consiguieron una esencial conquista: salvo en el instante de acceder al trono, el rey debía pedir estos impuestos —considerados extraordinarios— delante de una reunión de nobles que aprovechaban para reivindicar sus derechos frente al poder de la corona.


Como la situación de la aristocracia fue la de proteger sus reivindicaciones no por la revuelta armada, sino más bien negociando con el rey en el marco de las Reuniones de Paz y Tregua, se pusieron las bases de la monarquía pactista bajo-medieval, con el poder absoluto del rey frenado por el desarrollo de las Cortes —representación de los estamentos del reino—, derivadas de la evolución de las viejas Reuniones de Paz y Tregua, a las que, desde la asamblea de Barna de mil ciento noventa y ocho, participaban, así como los nobles y los clérigos, los representantes de las urbes de realengo.


Los recortes impuestos por la aristocracia a la Paz y Tregua, la que, no obstante se transformó en base del orden público catalán, como el limitarla a los dominios de realengo —idea expuesta en la reunión de Barna de mil ciento noventa y ocho y reiterada en reuniones siguientes como la de Barna de mil doscientos y de Cervera de 1202— sirvieron para legitimar la opresión de los campesinos por el régimen señorial, que la Paz y Tregua pretendía limitar, y de este modo, es como en los últimos tiempos del siglo XII se pusieron las bases legales para delimitar el estatus servicial del campesinado —la condición de remensa— actual a lo largo de toda la Baja Edad Media.


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